El nuevo Poder Judicial: la independencia y autonomía en juego
El pasado 1 de septiembre rindieron protesta cerca de 900 personas juzgadoras a nivel federal, lo que marcó el arranque de una nueva era de la judicatura federal después de la controvertida reforma judicial. Ese mismo día asumieron el cargo las nueve ministras y ministros de la Suprema Corte, las y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral. La ceremonia coincidió con el Primer Informe de Gobierno presidencial -al que acudieron las y los ministros electos-, lo que alargó la jornada hasta la madrugada.
Más allá del acto formal en el recinto legislativo y posteriormente en la sede de la Suprema de Justicia de la Nación, las y los ministros llevaron a cabo diversos eventos durante el día, marcados por la identidad del ahora Ministro Presidente de la SCJN, destacando el hito de que una persona indígena presida el Poder Judicial. Sin embargo, fue imposible no asociar la ceremonia de entrega del bastón de mando con las recientes tomas de protesta presidenciales, reforzando la percepción de cercanía entre el Ejecutivo y el Judicial. Así, la renovación del Poder Judicial federal no sólo estuvo acompañada de ceremonias prolongadas y discursos políticos, sino también de señales preocupantes sobre la creciente injerencia del Ejecutivo en la justicia.
La toma de protesta del Poder Judicial también se vio acompañada de una serie de discusiones y controversias en los días anteriores y posteriores. Por un lado, el bloque mayoritario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la validez de las y los cinco magistrados que integrarán el primer Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), al no considerar como “violaciones graves” la elaboración de acordeones, las denuncias del uso de publicidad pagada y los señalamientos del uso de recursos públicos para promover candidaturas. El mismo día, dos nuevos magistrados de la Sala Superior rindieron protesta, después de varias controversias sobre la determinación de en quién recaería la Presidencia de este órgano jurisdiccional después de la elección.
Una de las decisiones centrales de la nueva Judicatura se llevó a cabo en las primeras horas del día posterior a las tomas de protesta. En particular, se llevó a cabo la instalación del Órgano de Administración Judicial -que junto con el Tribunal de Disciplina Judicial sustituye el Consejo de la Judicatura Federal-, el cual será el encargado de las funciones administrativas y de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. La Presidencia de este importante órgano fue otorgada por unanimidad de votos al integrante nombrado por el Ejecutivo, quien además ha sido señalado en sus cargos anteriores por violencia sexual, y quien, a su vez, fue defendido públicamente con ahínco desde la tribuna presidencial.
Este órgano tiene en sus manos tareas de suma relevancia. Por ejemplo, la asignación de los más de 800 jueces y magistrados que el pasado 1 de septiembre rindieron protesta, tarea que se ha pospuesto hasta el 15 de septiembre. Así el Órgano de Administración Judicial tendrá en sus manos el rol de decisión frente a todo el personal jurisdiccional, moviendo los estatus laborales de quienes pertenecen a la Judicatura, lo que ha levantado ya cuestionamientos de las y los trabajadores. Además, de acuerdo con la última reforma judicial, el Órgano tiene la tarea de disponer de las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras en casos de delincuencia organizada; es decir, de determinar quiénes podrán utilizar la figura de “jueces sin rostro”, sin que hasta el momento se haya normado cómo se tomará la decisión y cómo se operativizará su funcionamiento.
Llama la atención, además, que el Órgano de Administración Judicial ha designado ya a 11 altos mandos -entre éstos el de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del propio Órgano de Administración Judicial, la Escuela de Formación Judicial, el Instituto de la Defensoría, la Unidad de Administración de la Corte, la Escuela Judicial entre otros– incluyendo sólo a hombres, dejando de lado la paridad de género que tanto se ha defendido en el discurso de las bondades de la reforma y, más bien, se seleccionaron personajes cercanos a ministras de la Corte y con ex funcionarios del Gobierno federal actual.
En cuanto al funcionamiento de la Suprema Corte, preocupa la reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación del reglamento interno de sesiones, que refleja los retos que ha impuesto la reforma para el trabajo de deliberación del Alto Tribunal. Ejemplo de ello son las restricciones de tiempo para las discusiones, cada Ministra o Ministro contará con 10 minutos para exponer su proyecto y siete minutos para intervenir en la discusión. De manera excepcional, podrán abrirse rondas adicionales con tiempos fijados por la Presidencia, con el argumento de evitar “demoras innecesarias”. Esta medida plantea dos problemas centrales: por un lado, limita el análisis de fondo en asuntos complejos; por otro, responde a la eliminación de las salas especializadas tras la reforma judicial.
Hasta antes de la reforma, estas salas resolvían con mayor agilidad múltiples casos y contribuían a generar criterios jurisprudenciales específicos. Sin ellas, cada integrante de la Corte debe conocer de todas las materias y atender un alto volumen de asuntos por sesión, lo que hace casi imposible un análisis profundo. La sobrecarga es tal que el Pleno ha tenido que organizar una agenda rígida: lunes y martes se discuten acciones de inconstitucionalidad, recursos de inconformidad y contradicciones de criterio; los miércoles, asuntos civiles y penales, y los jueves, materias administrativas y laborales.
Estas preocupaciones se limitan a la judicatura federal. Sin embargo, cada vez se va distinguiendo más los impactos de la reforma en los poderes locales, donde los resultados de la injerencia del Ejecutivo es todavía mayor. Análisis académicos e información periodística dan cuenta de cómo los gobernadores de las distintas fracciones partidistas afianzaron el control del Poder Judicial de sus estados, al colocar a allegados en los principales cargos de los tribunales de Justicia y de Disciplina Judicial; como lo han hecho notar personas externas, lejos de generar autonomía e independencia, la elección por voto popular de las personas juzgadoras fue aprovechada por los mandatarios para cooptar al Poder Judicial.
Como hemos señalado en este espacio, la independencia judicial se ha puesto en juego. Hoy preocupa la clara politización en el sistema de justicia al no garantizar la autonomía y la idoneidad de personas juzgadoras y al continuar con la falta de revisión de las fiscalías. Queda seguir denunciando las irregularidades en los procesos para revertirlas posteriormente, para exigir que quienes fueron sometidos a una elección popular realmente respondan a las personas y no a intereses partidistas, y hacer una revisión de cada una de las decisiones del Poder Judicial local y federal, para garantizar que realmente se esté trabajando por la justicia para todas las personas.