Cristosal: la democracia no se defiende sola

Los altos índices de violencia que tanto lastiman a la población en distintas regiones de América Latina han llevado a que la población mayoritaria apoye a figuras o proyectos de gobierno con políticas de “mano dura”, que promueven posturas contrarias a derechos y aparentan así atender las graves problemáticas de seguridad. Éstas, como hemos señalado anteriormente, en realidad son salidas en falso, pues lejos de contener y atacar la criminalidad laceran la vida de la ciudadanía a partir de la represión, la criminalización de distintas comunidades y de las personas más vulnerables.

Un ejemplo de ello es el modelo impuesto en El Salvador por el actual Presidente Nayib Bukele, quien, al promover un discurso de combate a la delincuencia e imponer un estado de excepción, mantiene una peligrosa popularidad sin apertura a la disidencia y la crítica, lo que ha acarreado consecuencias sumamente delicadas para la promoción y defensa de los derechos humanos en ese país.

Un caso emblemático es el de la organización civil Cristosal, que desde hace más de 25 años ha hecho un trabajo invaluable en la defensa de los derechos humanos, inspirada por un compromiso de la iglesia anglicana con la justicia, tras la posguerra civil en El Salvador.

Hoy Cristosal se ha visto obligada a suspender sus operaciones de ese país, lo que ha encendido las alertas de la comunidad internacional, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de diversas organizaciones internacionales.

El anuncio se hizo el pasado 17 de julio en voz de su director ejecutivo, Noah Bullock, durante una conferencia de prensa, quien declaró que la decisión se tomó ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos. “Responde a una situación insostenible de acoso estatal, criminalización de defensoras y defensores, persecución directa con pocas esperanzas de que se puedan defender en instituciones imparciales”, dijo. Aclaró que Cristosal no ha renunciado a su derecho de operación en El Salvador, cumpliendo con los requisitos impuestos por el régimen de Bukele en el marco de la reciente aprobada “Ley de Agentes Extranjeros”, que amenaza los derechos y libertades de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación; sin embargo, continuará sus operaciones desde sus sedes en Honduras y Guatemala.

“Ante los riesgos de persecución y frente a un aparato represivo que actúa sin límites, donde hay poca posibilidad de ejercer la defensa ante una institución imparcial o independiente, nos vemos obligados a elegir entre la cárcel o el exilio. Sin embargo, creemos que las organizaciones de derechos humanos son pilares en una sociedad democrática y que la defensa de los derechos humanos es irrenunciable”, expresó Bullock.

Cabe recordar que en mayo de este año la abogada Ruth López, del equipo de anticorrupción de la organización, fue detenida e incomunicada por varios días, permaneciendo hasta el día de hoy en prisión preventiva, acusada injustamente de peculado o malversación de fondos públicos. Su llamado de #TenganDecencia a las autoridades detentoras que arribaron a su domicilio, resonó en el mundo. En su figura la comunidad internacional ha hecho un reconocimiento a las personas defensoras en El Salvador y denunciado su criminalización, como la de Enrique Anaya, quien ha señalado de las ilegalidades cometidas en la detención de Ruth López; la de Alejandro Henríquez Flores, abogado de la Cooperativa del Bosque detenido en el mismo mes, o las múltiples amenazas en contra del equipo periodístico de El Faro que han revelado los pactos entre el régimen y las pandillas, entre muchas otras que han denunciado las violaciones a derechos humanos cometidas bajo el régimen de excepción.

Nuestra universidad hermana en ese país centroamericano tampoco se ha librado de los ataques. Bukele ha acusado a la UCA de sostener una agenda política de agresión a su gobierno, y ha desatado diversas campañas de desprestigio hacia esa casa de estudios por su labor en defensa de los derechos humanos. El Rector Andreu Oliva ha calificado esos ataques como ofensivos y peligrosos, como un intento de coartar la libertad de pensamiento y expresión. Advirtió sobre la pretensión del Gobierno de imponer un pensamiento único, lo que es característico de los gobiernos autoritarios. El control narrativo del gobierno salvadoreño se ha vuelto más agresivo frente a críticas y cuestionamientos.

Como lo señaló el director de Cristosal: un objetivo fundamental del papel de las organizaciones civiles en el mundo no es el de la alineación con gobiernos ni ideologías, sino incidir para que los derechos humanos y las víctimas estén en el centro de las políticas públicas. Muchas organizaciones en la región, como Provea en Venezuela y la propia Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua, ante los escenarios más cruentos han sido ejemplo de ello.

En México -en su justa dimensión en la comparación- las organizaciones de derechos tenemos el mismo objetivo. Por ello, no podemos dejar de denunciar eventos como los recientemente denunciados por el Centro Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, pues es ahí en los rincones más olvidados donde trabajan nuestras colegas defensoras, que se enfrentan los contextos más riesgosos ante amenazas y criminalización.

La salida de Cristosal en El Salvador debe representar una fuerte señal de alarma para la región y también en nuestro país. Ejercer la defensa de los derechos humanos, históricamente nunca ha sido sencillo, pero como nos lo han recordado en el Cristosal y las organizaciones defensoras de El Salvador, la democracia y los derechos ganados no se defienden solos. Nos corresponde ahora, continuar haciendo frente y seguir denunciando la voluntad de silenciamiento y el cierre de espacios cívicos críticos en nuestra región, fundamentales para construir democracias fuertes.