Convocatoria al CPC Anticorrupción: el reto de garantizar la legalidad

El pasado viernes 11 de julio, la Comisión de Selección del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción publicó la convocatoria para seleccionar a la nueva persona que integrará el Comité de Participación Ciudadana (CPC), instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.

Sin embargo, como las tres pasadas convocatorias emitidas y desarrolladas por la actual Comisión, este proceso no está exento de complejidades jurídicas y políticas. En esta ocasión ha surgido un conflicto de interpretaciones respecto a la duración de los nombramientos expedidos en 2023, cuando tres mujeres fueron seleccionadas para cubrir las vacantes que existían en el Comité, donde sólo había dos integrantes hombres, de los cinco que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción establece como integrantes del CPC.

En el proceso de 2023, la convocatoria emitida por la Comisión de Selección establecía en su base séptima que “El nombramiento de quienes integren el Comité de Participación Ciudadana y la asignación de los periodos de ejercicio que les corresponde, de conformidad con el párrafo tercero del artículo segundo transitorio de la Ley, será en sesión pública”. En dicha base se buscó que, mediante los votos obtenidos por las personas aspirantes, aquellas con mayor puntuación ocuparan las vacantes por un mayor periodo, respetando el escalonamiento que marca el artículo 16, párrafo segundo de la Ley del Sistema.

En ese proceso, las tres seleccionadas fueron, de menor a mayor puntaje, Rosa Elvira Jacobo Lara con 295.3 puntos, Lucía Mimiaga León con 435.3 y Raquel Zapién Osuna con 451, determinando así que su duración en el cargo sería en ese mismo orden de menor a mayor tiempo, cubriendo las tres vacantes pendientes de ocupar en el CPC.

Ahora, al concluirse el año de la presidencia del CPC de Rosa Elvira Jacobo Lara en el Comité, hay quien interpreta que su permanencia en el CPC debería ser de cinco años completos, citando el primer renglón del párrafo segundo del artículo 16 de la Ley, y no por los años que correspondían a la vacante específica que estaba disponible en 2023.

Ante ello, la Comisión de Selección sesionó el pasado lunes 7 de julio, donde sus integrantes, entre ellos el suscrito, coincidieron en que el espíritu de la convocatoria publicada en 2023 fue respetar el escalonamiento señalado por la misma Ley del Sistema, citado expresamente en el artículo transitorio que se incluyó en las bases. Es decir, las personas integrantes del CPC no durarían cinco años simultáneamente, sino que la duración se escalonaría según las vacantes disponibles y de acuerdo con la votación que obtuviera cada aspirante, tal como ocurrió al nombrarse tres integrantes de manera conjunta en 2023. De esta forma, las seleccionadas ocuparían las vacantes conforme al tiempo restante de cada una, manteniendo el orden legal y operativo que la Ley busca para evitar concentraciones y vacíos de poder dentro del Comité.

Diversas organizaciones de la sociedad civil y activistas especializados en transparencia y rendición de cuentas se han manifestado al respecto, exhortando a la Comisión de Selección a actuar conforme a la Ley, tanto la general como la estatal, y de acuerdo con los principios de legalidad, imparcialidad y responsabilidad que rigen el Sistema Anticorrupción.

Por ello, la Comisión de Selección, por mayoría de votos de sus integrantes, emitió la convocatoria el pasado viernes 11 de julio, invitando a la sociedad a consultarla en la página oficial de Facebook de la Comisión de Selección (Comisión de Selección SLA Sinaloa). En esta convocatoria se establece que se recibirá la documentación de las y los aspirantes hasta el 15 de agosto del presente año.

Este proceso será clave para mantener la legitimidad y la confianza de la ciudadanía en el Sistema Estatal Anticorrupción, así como para fortalecer la participación ciudadana en el combate a la corrupción en Sinaloa. Estaremos atentos a los posibles recursos jurídicos y políticos que puedan surgir en este proceso de selección, en la búsqueda de que se garantice la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de prevenir y sancionar los actos de corrupción que afectan a nuestra sociedad.

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El autor es abogado, profesor de Derecho, actualmente director de Coparmex Sinaloa.

danielelizondot@gmail.com